Ley Animal sí responde a la sentencia
El proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales en Ecuador enfrenta un escenario decisivo en 2025. Con un fuerte debate en torno a su impacto en la economía, la producción y la vida diaria de toda la población ecuatoriana, la versión más reciente del proyecto refleja cambios significativos en favor de no poner en riesgo el bienestar económico y social de la ciudadanía, mientras se avanza hacia la protección animal.
Contexto del Proyecto de Ley Animal y Debate Público
El tratamiento del proyecto se abrió a la discusión pública durante varios meses, luego de que se denunciara que la Defensoría del Pueblo estructuró un proyecto inicial a espaldas de la sociedad y con la participación exclusiva de ciertos grupos radicales que tiene una clara agenda ideológica. Esta socialización permitió visibilizar el grave impacto que tenía aquel proyecto que ponía en riesgo el bienestar general de la sociedad y de sectores vinculados a la economía, producción, el turismo e, incluso, la cultura.
Ahora se tiene un documento que incorporó las observaciones de diferentes actores de la sociedad y no solo de grupos animalistas, que recoge una visión mucho más incluyente y menos nociva para el bienestar general de los ecuatorianos. Sin embargo, ciertos grupos radicales pretenden ahora torpedear el proyecto que ellos mismos impulsaron inicialmente, porque el perfeccionamiento del documento que está listo para segundo debate en la Asamblea Nacional no les resulta conveniente políticamente, y ya denuncian que este no cumple con la sentencia de la Corte Constitucional, situación que es absolutamente falsa.
Cumplimiento con la Corte Constitucional: Derechos de los Animales y el Ser Humano
El proyecto de ley sí cumple las disposiciones de la Corte Constitucional, tales como el reconocimiento de que los derechos de los animales no son equiparables a los del ser humano y deben ser observados desde la dimensión específica de los derechos de la naturaleza. También se reconoce la interacción histórica del ser humano con los animales, el respeto al principio constitucional de legítimo aprovechamiento de recursos de la naturaleza (incluido los animales) en función del derecho al buen vivir, y la reivindicación de conceptos vitales como la soberanía y seguridad alimentaria que garantizan, además, el derecho de los ciudadanos a decidir libremente qué alimentos desean para su nutrición, además de tener acceso a una alimentación rica en proteína y a costos convenientes, en contraste con el proyecto inicial de la Defensoría del Pueblo que perseguía la restricción progresiva del consumo de animales.
Otro elemento importante que se incluyó en el proyecto fue la clasificación adecuada de los animales, cumpliendo la resolución de la Corte Constitucional que estableció el principio interespecie que establece que todos los individuos animales son distintos y tienen necesidades de protección individuales y distintas. Este principio es fundamental pues de acuerdo con esta clasificación se aclaran las competencias de las diferentes carteras de Estado respecto a la regulación y control de animales, en especial el papel de los GAD municipales en el tema.
Para mantener una concordancia con el resto de leyes ya existentes, se eliminaron figuras nocivas para la seguridad jurídica del país, tales como la capacidad que se pretendía otorgar al Defensor del Pueblo para emitir dictámenes vinculantes que es una atribución exclusiva y privativa del Procurador General del Estado, lo que configuraba una situación claramente inconstitucional; y la posibilidad de crear comités, consejos consultivos u otros organismos de control que generaban más burocracia sin fuentes claras de financiamiento, y evitar duplicidad de funciones, pugna de competencias y caos al momento de aplicar la normativa.
2025: Año Clave para el Avance en Bienestar Animal y Otros Elementos Cruciales
2025 es un año clave para esta ley y estamos ante una oportunidad para avanzar en bienestar animal sin desatender elementos como la seguridad alimentaria, el resguardo de las tradiciones culturales, el fácil y libre acceso a productos alimenticios de primera necesidad, y la protección de fuentes de empleo.
La nación debe avanzar por ese camino y la sociedad debe identificar con claridad a quienes ahora se oponen a una iniciativa que convenientemente impulsaron en un inicio y que hoy, que la sociedad ha logrado hacerse escuchar y plantear sus observaciones y cambios al nocivo proyecto original, han comenzado a rechazar, visibilizando de esta forma que lo que defendían no era una propuesta en función del bienestar general, sino en pos de posicionar una clara agenda institucional.