Ley Animal: sus retractores y pretensiones
¿Recuerdan la vehemencia con la que se impulsaba la Ley Animal por ciertos sectores? Recordarán las decenas de entrevistas en medios, los centenares de tuits e incluso las marchas para defender sin debate ni consenso la llamada entonces LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES NO HUMANOS. Recordarán también los ataques desmedidos hacia los productores a quienes los tachaban de asesinos de animales, de inhumanos. Recordarán que pretendieron incluso prohibir a los comerciantes mostrar su producto cárnico a la venta y a los consumidores nos querían prohibir ver el hornadito o el pollo que quisieramos comprar. Pues bueno, resulta que ahora, estando a puertas de ser aprobada la ley, los mismos vehementes buscan bloquearla y por supuesto desprestigiarla. ¿Pero por qué? Resulta que además de vehementes son caprichosos; y como el actual proyecto es fruto de una discusión más amplia con la participación de la academia, ministerios, organizaciones sociales, gremios de productores, emprendedores, empresarios y colegios profesionales; entonces ya no vale.
El proyecto que hoy reposa a la espera de un segundo debate, tiene un enfoque integral y aborda la protección animal desde una perspectiva equilibrada y racional y no únicamente emocional y vehemente.
El enfrentamiento es desalmado, parecería que en la última batalla se vale todo. Los mismos promotores de la ley ahora difunden información falsa asegurando que la ley reduce los derechos de los animales, cuando en realidad establece regulaciones claras para garantizar su bienestar de acuerdo con estándares nacionales e internacionales; pero como saben una mentira repetida muchas veces puede parecer verdad, ahí está el peligro.
Como Colactivo de Bienestar Animal, consideramos que el Proyecto actual es valioso desde su punto de partida, por primera vez en la historia del Ecuador se clasifica adecuadamente a los distintos tipos de animales y se asigna a cada uno una entidad pública responsable de su regulación y control, con base en sus características y necesidades específicas, eso ¿por qué tendría que ser descalificado? ¿Qué de eso está mal?
Se dice que la ley no reconoce a los animales como sujetos de derechos, lo que también es falso. El proyecto garantiza sus derechos dentro del marco de la naturaleza, respetando sus características y necesidades de protección específicas, en cumplimiento de la sentencia 253 de la Corte Constitucional. ¿Por qué entonces decir que el Proyecto no responde a la sentencia de la CC?
Dicen también que la ley niega la sintiencia animal; cuando en realidad, reconoce expresamente la capacidad de los animales de sentir y sufrir, reflejando el creciente compromiso, de quienes interactúan con ellos, con su bienestar. Lo que si es cierto, es que se eliminó en el proceso de construcción de la ley, las aberraciones jurídicas, como la absurda pretensión de equiparar a los animales con los seres humanos e incluirlos entre los grupos de atención prioritaria junto con niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. O, ¿enserio hay quienes creen que los animales deberían tener la misma atención prioritaria que los niños o las mujeres? Nosotros amamos los animales, pero creemos que aún esta sociedad tiene muchos derechos que garantizar en términos de mujeres, niños, adolescentes y ancianos; y desde la ciencia y el conocimiento, sabemos que un niño no es lo mismo que un animal.
Se ha dicho que la ley elimina protecciones para los animales de producción; es decir aquellos animales que terminan siendo alimento para los seres humanos. La verdad es que el artículo 15 del Proyecto exige que toda la cadena de producción cumpla con estándares nacionales e internacionales para minimizar su sufrimiento, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por Ecuador como signatario de tratados internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA); es decir, las reglas del juego no las imponen los productores ni los industriales como lo quieren hacer ver, lo hace la OMSA la máxima autoridad de sanidad animal a nivel mundial.
Y aquí la mayor mentira: se afirma que la ley ampara la zoofilia, que delitos tan graves como la zoofilia quedarán impunes al supuestamente retirarse la potestad sancionadora de los GAD municipales. Falso! Absolutamente falso.
El literal f) del artículo 40 del proyecto tipifica la zoofilia como una infracción muy grave, sin perjuicio de que el Código Orgánico Integral Penal ya la sanciona con penas de hasta tres años de cárcel.
¿Quién con sus 4 dedos de frente podría apoyar la zoofilia? ¿Quién desde el conocimiento teórico, profesional y práctico podría estar a favor de esta aberración y pretendería no sancionarla? Los GADS no están en capacidad ni de mantener correctamente una campaña de vacunación, mucho menos están en capacidad de sancionar delitos que hacen parte del COIP. Vamos!
También se ha afirmado que la ley permitirá el encadenamiento y explotación de animales de compañía, lo cual es falso. La norma prohíbe encadenarlos por largos periodos y refuerza su bienestar mediante reformas al Código Orgánico del Ambiente (CODA), fortaleciendo las competencias del nivel de gobierno responsable de su regulación y control. Y aquí un tema clave, pretenden boicotear el proceso engañando a esos 8 millones de hogares que tienen un perrito o un gatito en casa; vimos decenas de personas en las marchas y las veremos en las siguientes, con sus perros y gatos oponerse a esta ley; queridos tutores esta ley no priva de derechos a las mascotas, esta ley vela por el bienestar de los animales en su conjunto: perros, gatos, vacas, gallinas, cerdos, cuyes, tortugas, camarones, caballos, osos, cóndores, todos, todos los tipos de animales, los de compañía y todo el universo de animales que existe más allá de los perros y los gatos.
Por último, otro engaño: la afirmación de que el proyecto permitirá la disección y vivisección de animales vivos en colegios. Falso. El artículo 24 del proyecto, establece que cualquier experimentación con animales debe cumplir con estrictos requisitos éticos y normativos. En su literal b), exige que toda investigación o práctica educativa cuente con la aprobación de un Comité de Ética, que evaluará y aprobará los protocolos de investigación y educación, garantizando el cumplimiento de la normativa nacional y los estándares internacionales de bienestar animal. La falsa afirmación de que se permitirá la disección o vivisección de animales vivos en instituciones educativas, no es más que otra de las mentiras que repiten. Lejos de ello, el proyecto refuerza la regulación para evitar prácticas que atenten contra el bienestar animal.
Lo que realmente les molesta:
El problema de fondo no es la supuesta «regresión de derechos» para los animales, sino la eliminación de los excesos regulatorios de la versión original. Dicho proyecto inicial contenía más de 156 prohibiciones y 182 sanciones desproporcionadas, generando inseguridad jurídica y afectando actividades legítimas como la tenencia responsable, la producción agropecuaria y la convivencia con los animales.
Se eliminó la creación de más burocracia innecesaria, evitando la proliferación de organismos que solo habrían incrementado la carga administrativa y financiera para el Estado y la ciudadanía. También se retiraron sanciones millonarias que, de haber sido aprobadas, habrían castigado injustamente a los sectores más humildes, impidiéndoles incluso la posibilidad de defenderse ante acusaciones arbitrarias.
Otro punto que ha generado rechazo entre quienes promovían el proyecto original es la eliminación de la facultad del Defensor del Pueblo para emitir dictámenes vinculantes, una disposición que violaba abiertamente la Constitución. Esta medida pretendía otorgar a una entidad poderes excesivos para tomar decisiones arbitrarias sin mecanismos adecuados de control o apelación.
Las prohibiciones extremas que pretendían imponer:
No olvidemos que quienes hoy critican el proyecto de Ley Animal en realidad pretendían imponer una normativa extrema, con prohibiciones absurdas y sanciones desproporcionadas que afectaban la vida cotidiana y la economía del país.
Querían prohibir el uso de pollos en asaderos, afectando a miles de pequeños negocios y trabajadores. Pretendían eliminar la producción de cuero y otros productos de origen animal, destruyendo industrias enteras sin ofrecer alternativas viables. Buscaban imponer sanciones a quienes decidieran no alquilar su departamento a personas con mascotas, atentando contra la propiedad privada.
Además, proponían la prohibición de la producción de venenos para el control de plagas como las ratas, sin considerar los riesgos sanitarios. Querían eliminar actividades turísticas tradicionales, como las del Quilotoa, afectando a comunidades enteras que dependen del turismo. Y lo más grave: impulsaban regulaciones que habrían triplicado el costo de los alimentos, castigando directamente a la población más vulnerable.
El verdadero trasfondo:
No se trata de una lucha por el bienestar animal, sino de una agenda ideológica que pretendía imponer restricciones inviables sin importar las consecuencias. Ahora, al perder el poder que esperaban obtener con esta ley, recurren a la desinformación y el alarmismo para ocultar su verdadera intención: controlar, sancionar y lucrar a costa de los ciudadanos.
Estos y otros argumentos falsos buscan generar rechazo al proyecto y frenar avances en el bienestar animal. Es momento de valorar el diálogo y legislar con base en información real, evitando que intereses particulares impidan un marco legal justo y equilibrado.